El Narcotráfico panorámica Familiar
Hablar sobre las Implicaciones éticas del “Impacto cualitativo del narcotráfico en el resquebrajamiento de la familia, como institución política del estado Colombiano en la comuna 4 de la ciudad de Medellín”, tema planteado para ser publicado en la modalidad de artículo científico en la Maestría de estudios Políticos, resulta bastante complejo, porque significa confrontar a la luz de la ética y la política, una de las problemáticas más agudas a nivel nacional, regional e internacional, que sacude de manera directa e indirecta la institucionalidad del estado; son precisamente estos grandes retos, los que hay que asumir para entender la problemática y sus implicaciones, procurando con esta difícil tarea, encontrar alternativas de intervención, que es finalmente, el reto que platea, todo intento de aproximación a realizar lecturas y análisis de las grandes problemáticas de la posmodernidad.
Anexo a las dificultades que plantea el problema del proyecto de investigación, se encuentra la complejidad de la ética y la moral para realizar su análisis, es decir, los asuntos ético morales y el narcotráfico, son dos temas complicados de abordar por su objeto de estudio; a este respecto señala Singer, “¿Por qué debo actuar moralmente? es, por tanto, una pregunta sobre algo que normalmente se presupone, y dicho tipo de preguntas nos causan perplejidad”. (Singer, 1993, pág. 393).
Agregando Singer, al argumento anterior, que muchos filósofos la han evitado, como un intento de interrogar, algo que no se puede preguntar correctamente, por considerarla lógicamente incorrecta.
En sentido similar se pronuncia Williams, “Incluso si tenemos un argumento general a favor de la responsabilidad moral, debemos reconocer que sus efectos se hallan severamente restringidos por las limitaciones del concepto mismo de lo voluntario. Ese concepto es efectivo hasta cierto punto, pero es tan vago como superficial.” (Williams, 2011, pág. 125).
No obstante las dificultades que acarrean ambas conceptos, lo éticomoral y el narcotráfico, que muchos considerarían conceptos yuxtapuestos, por sus connotaciones fácticas, será importante abordarlos, y es precisamente, lo que intenta hacer el presente ensayo.
En el desarrollo del trabajo propuesto, se tendrán en cuenta las propuestas y postulados planteados por los autores trabajados en la asignatura Ética y Política de la Maestría de Estudios Políticos, los cuales fueron objetos de análisis y estudio, durante las temáticas desarrolladas en clase, e igualmente presentadas como reseñas, teniendo como objetivo, afianzar los conocimientos de los temas tratados en las diferentes sesiones de clase y los informes de las lecturas complementarias, encaminadas al logro del mismo.
Entre los autores reseñados se encuentran, Robert Nozick, en el capítulo 1 “cómo hacer las cosas con principios”, del texto “La naturaleza de la racionalidad”, correspondiente a la reseña 1; “Realismo y moralismo en la teoría política”, correspondiente al capítulo 1 de la obra Filosófica de Bernard Williams, en su texto “En el principio era la acción: Realismo y moralismo en el argumento político”; del mismo autor y correspondientes a la reseña 2, se encuentra el capítulo: “Responsabilidad moral y libertad política”, correspondiente al capítulo 11 de su obra, “La filosofía como una disciplina humanística”; igualmente el texto de Nagel, “Poverty and Food: Why Charity is Not Enough”; finalizando con el capítulo 12 “¿Por qué actuar moralmente?” del texto “Ética práctica” de Peter Singer, correspondiente a la reseña 3.
Se empezará a examinar en este texto, en el orden en que fueron expuestos los anteriores autores, los cuales correspondieron a los autores reseñados, para determinar las implicaciones éticas de sus obras en el “Impacto cualitativo del narcotráfico en el resquebrajamiento de la familia, como institución política del estado Colombiano en la comuna 4 de la ciudad de Medellín”, temática propuesta en el proyecto de investigación.
Según Robert Nozick en su texto “La naturaleza de la racionalidad”, interrogándose, como hacer las cosas con principios, plantea la necesidad de formular un principio para el caso particular objeto de análisis, “¿hay algún principio general adecuado - un principio que arroje el resultado correcto en todos los casos pasados y en los casos hipotéticos obvios - que también arroje el resultado que ustedes quieren en el caso en cuestión? Si ustedes no pueden hallar tal principio, reconsideren el resultado que desean en este caso” (Nozick, 2007, pág. 22).
El principio general que rige para analizar el “Impacto cualitativo del narcotráfico en el resquebrajamiento de la familia como institución política del estado Colombiano en la comuna 4 de la ciudad de Medellín”, se encuentra representado, de un lado, por el narcotráfico como un delito que lesiona bienes jurídicos tutelados por el estado, daño al ser humano, la familia que se ve afectada en sus dinámicas por el consumo, y la delincuencia que puede conducir a sus miembros a delinquir, especialmente cuando son utilizados por sus mercados ilícitos; el ingresó de sus miembros a combos, que controlan el mercado local, acudiendo a las armas, secuestros, extorsión, fronteras invisibles, vacunas, asesinatos, desplazamiento forzado; y en el otro frente, se encuentran las comunidades, la sociedad y la institucionalidad estatal, la cual se torna inerme cuando las redes del narcotráfico se internacionalizan y arremeten contra éste y sus instituciones, que es su tradicional modus operandi.
Al respecto dice Arrieta, “(…) la debilidad institucional del Estado colombiano para integrar el territorio nacional, cohesionar la sociedad civil y mediar los conflictos sociales, ha sido un acicate a la expansión y consolidación del narcotráfico. Este es la expresión del surgimiento de nuevos actores sociales que, mediante formas extraordinarias de acumulación, desafían el precario orden legal y buscan formas de inserción económica y política, caracterizadas por el uso de la fuerza. (…) El narcotráfico ha actuado como catalizador de la crisis del régimen político, agudizando sus factores políticos, económicos y sociales”. (Arrieta. 1991. pág. 272 - 273).
Teniendo presente que las políticas de intervención del estado no son mancomunadas con otros gobiernos, y por falta de presupuesto no tienen continuidad en el tiempo, esta modalidad de delincuencia se sale de control; aunado a ello, se aprovechan de un mercado seguro, cinturones de miseria, donde impera la necesidad, o aprovechan coyunturas, como las de los años 80 y 90, cuando colapsó la industria nacional, especialmente la textilera, para extender sus mercados, en el caso de Medellín, formar una cultura que hizo presencia en todos los ámbitos del país y la vida en comunidad, extendiéndose a otras latitudes, que logró su expresión en el modelo de vida, afianzándose en la consecución de dinero fácil, sin mucho esfuerzo, que aún se expresa en combos que se instauran como contrapoder en los barrios, en ausencia o debilidad de la autoridad estatal.
Siguiendo los cuestionamientos de Nozick y Arrieta, autores anteriormente citados, una fórmula para atacar el narcotráfico, podría ser, formar un frente común internacionalizado, donde todos los gobiernos se sumen, tanto los productores como los consumidores; y de la misma forma en que estos tiene sus ejércitos y presupuesto para defender su empresa ilícita, con sus mismas tácticas y modos operandi, irlos interviniendo. Aunada a esta política de intervención legal, elevar la calidad de vida de las familias y barrios azotados por dicho flagelo, evitando que sus miembros continúen siendo carne de cañón de sus jugosas empresas; el problema para adoptar tal medida, es la pobreza de los estados afectados con el flagelo; los cuales no cuentan con la infraestructura suficiente, que permita enfrentar las causas y consecuencias de esta grave problemática.
Se debe evitar para controlar las drogas en Colombia, caer en el militarismo impuesto por los Estados Unidos en los años 80 y 90; imposiciones que acarrearon una círculo vicioso de sometimiento con dicho país, como ocurrió con el Plan Colombia, las bases militares norteamericanas en el estado colombiano, generando terrorismo, que aunadas a la extradición y descertificación, terminaron por demostrar la debilidad del modelo judicial colombiano, pérdida de soberanía, dando cuenta de la inconsistencia estatal colombiana y de la falta de políticas reales para atacar el crimen organizado.
La militarización por parte de Estados Unidos, representó una arremetida contra el pueblo colombiano, sumidos en la pobreza, la desigualdad; los altos costos que pagó Colombia por la certificación, significó aunar al flagelo de la droga, mayor carga de sufrimiento y coste económico para las comunidades.
Al respecto se pronuncia Sotillo (1997), “Una visión realista debe subyacer a cualquier voluntad de abordar la cuestión de los estupefacientes. Un primer paso en este sentido es darse cuenta que un mundo sin drogas es casi imposible, básicamente a causa de la rentabilidad económica del narconegocio. Creer en la eliminación definitiva es utópico”. (Sotillo, 1997, pág. 147- 471).
Englobando algunas de las propuestas de Sotillo en su tesis doctoral “La lucha contra el narcotráfico en Colombia: la cooperación de la Unión Europea entre 1980 y 1995”, se encuentra que plantea como estrategias contra el narcotráfico, la lucha contra el blanqueo de dinero y, en menor medida, el desvío de precursores, controlando el blanqueo que se configura en las ganancias, quienes mueven el mercado ilícito; propone igualmente, mejorar la calidad de vida de los países productores, fortalecer la economía lícita, desarrollo de oportunidades para la población y reducción de la demanda de drogas, acudiendo a la prevención y tratamiento, formar e involucrar la sociedad civil, en temas del narcotráfico; incrementar la vigilancia de fronteras; llevar a cabo una cooperación en el campo de la justicia; continuar aportando en el fortalecimiento de la económica colombiana, realizar un correcto diagnóstico del mercado de las drogas, crear un frente común frente a la corrupción, elaborando una lita de necesidades para direccionar la cooperación, reforzar la capacidad agrícola, adhesión a los países del pacto andino, programas de desarrollo alternativo equilibrado. (Sotillo, 1997. pág. 147, 471).
Observando otras opciones de salida frente al problema de las drogas, legalización o no legalización de éstas, se encuentra que no es viable como lo plantean algunos gobiernos y especialistas, como salida ética y moral; no resulta conveniente en un país donde no hay un tratamiento y rehabilitación para consumidores; es así, que cuando en los años 60 y 70 las normas de consumo fueron laxas, se elevó su consumo; según Gabantxo (2001) muchos jóvenes salieron mal librados, experimentando con variedad de drogas estimulantes, buscando salida a las crisis y revueltas juveniles que caracterizaron dicha época.
Pero no sobra agregar, que autores como Ayala (1988), han llegado a considerar un grave error del estado, el cual debe corregirse cuanto antes, el hecho de convertir el poder público en guardián de la moralidad privada, argumenta el autor, que el problema de la droga es un problema social, colocando al estado en la posición de castigar; pero éste debe enfrentársele como un problema de orden público, y es en esos términos, en que se debe intervenir, sin dar lugar a interferencias en discusiones éticas conducentes a disquisiciones, tales como si el adicto es un vicioso o enfermo o suicida; deduciendo el autor, que se debe mirar el problema del narcotráfico, desde lo práctico, como lo han venido haciendo de forma comprometida, varios gobiernos, que apuntan a soluciones, partiendo de la base de que en todas las sociedades ha habido problemas de droga, a consecuencia de situaciones tales, como la disolución del vínculo familiar, pérdida de creencias, sentimientos de soledad y abandono, grandes conglomerados humanos que despersonalizan y debilitan a los más débiles y vulnerables, situaciones como estas, que conducen a muchos jóvenes a refugiándose en las drogas.
Más adelante, agrega Ayala, no es dable que el ministro de justicia se considere llamado a velar por la pureza de las costumbres privadas, castigando sus desviaciones con los recursos del poder, por haber fracasa la labor clerical y de orientación familiar; es allí, donde lo ubica como problema de gobiernos, que amerita una pronta solución por el coste social e institucional.
Pasando a los aportes de la obra “Realismo y moralismo en la teoría política” de Bernard Williams, correspondiente a reseña 2, se encuentran en su obra, consideraciones acerca de que las cuestiones de principios no pueden ser consideradas aparte de la práctica, haciendo esa práctica parte de la política; recorriendo en su análisis a varios autores, entre ellos Hobbes, cómo crear un orden a partir del caos; plantea que ese orden implicaría el uso efectivo del poder del estado, que no existiendo escrúpulos, se perdería la protección del mismo, existiendo por parte de los subordinados, lo que Williams denomina, una demanda de legitimación.
Agrega Williams, “Incluso Hobbes, desde luego, no pensaba que un estado de legitimo pudiera ser idéntico a un reino del terror; el punto entero era salvar a la gente del terror. Era esencial a su interpretación, es decir, su idea de que el Estado —la solución— no debiera convertirse en parte del problema”. (Williams, 2008, pág. 28).
En el manejo del narcotráfico de los años 80 y 90, se pasó por falta de políticas claras en su manejo, desde medidas laxas que agudizaron el problema, hasta políticas como lo plantea Williams, donde se perdió el derecho y protección del estado, por la forma, en que bajo estados de excepción, se sucedieron crímenes y ejecuciones de estado; muchas instituciones vinculadas con la investigación judicial, no sólo fueron cuestionadas e investigadas, como el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, organismo estatal encargado de realizar la Inteligencia y Contrainteligencia en Colombia, fundada en 1960, el cual desapareció el 31 de octubre de 2011, después de haber sufrido un atentado terrorista con carro bomba, cargado con 500 kilos de dinamita, que dejó un saldo de 63 muertos y unos 600 heridos en 1989, acabando con su sede en la capital del país; y finalmente, haberse cuestionado su institucionalidad por sus actos de corrupción. En este sentido, es importante el aporte de Williams, para examinar a partir de la historia, lo que ha sucedido con el narcotráfico, principios de cara a la realidad, como práctica política, aportando elementos de análisis e intervención desde un contexto práctico, desde la realidad misma; no se concibe una moral y una ética alejada de los actores sociales, ellas han de servir a los individuos y colectivos, como motivo de reflexión y transformación.
Williams plantea, que el estado tiene que brindar una justificación de su poder a sus ciudadanos, para esto cada ciudadano es súbdito, y el estado con su justicia, lo puede coaccionar mediante su aparato legal, agregando, si esto le ocurriera a alguien, razonablemente experimentaría miedo en los términos planteados por Hobbes de coerción, dolor, tortura y similares, que no necesariamente provendrían del estado, al estar igualmente desventajado por lo que puede temer; frente al ejemplo traído a colación por Williams, súbditos ubicados en una frontera, vistos como extranjeros, teniendo que obedecer a oficiales, y totalmente desprotegidos, como el caso de los hilotas en la antigua Esparta; esta misma situación citada por Williams, de desamparo para los “súbditos”, ha ocurrido con las víctimas del desplazamiento forzado, que bajo otras fuerzas coercitivas, algunas a instancias del mismo estado, o bajo la presión de grupos armados, algunos provenientes del narcotráfico, sufren el terror y el desamparo, y que no decir, de las víctimas del secuestro, el boleteo y la extorción. (pág. 29).
Williams, analizando los postulados kantianos y las concepciones de legitimidad de Habermas, platea que no es del caso cuestionar las sociedades pasadas sobre lo que es coercitivo o legal; lo importante es tener claro la existencia de una legitimación que trascienda el poder, pudiéndolo reconocer a la luz de las circunstancias históricas y culturales.
Más adelante agrega Williams, que una estructura histórica dada, puede ser un ejemplo de la capacidad humana para vivir bajo un orden inteligible de autoridad, pero lo que cabe cuestionar, es si ese orden de autoridad ofrece una legitimidad que vaya más allá de la aserción del poder, y si a la luz de esas circunstancias históricas y culturales se puede validar. (pág. 36)
Frente a este último planteamiento de Williams, cabe la pregunta, ¿qué orden de legitimidad se presentó en los año 80 y 90, cuando por parte del poder de los grupos armados del narcoterrorismo, de la delincuencia común y estatal, afectaron gravemente la integridad y seguridad de las familias y comunidades que resultaron atrincheradas en medio de la lucha de poderes que se sucedían al interior de estas y de sus territorios? ¿Cómo exigirles una moral y una ética a los miembros de estas comunidades afectadas y victimizadas por el conflicto armado, si era la ley de la supervivencia la que imperaba al interior de las mismas, y aunque hubiesen acudido al estado para exigirle sus libertades ciudadanas y seguridad, éste no estuvo en condiciones de responderles, porque igualmente estaba acorralado por la violencia; por lo demás, cuando pudo hacerlo respondió con más violencia?
Si algo pudo ayudar a estas comunidades para salir del daño infligido, como epicentro del conflicto, fue su capacidad de resiliencia, de la misma forma en que lo vienen haciendo actualmente; donde aún permanecen limitadas en sus libertades fundamentales por el accionar de combos, y el microtráfico que extiende su poder en sus comunidades locales.
Seguidamente se continuará con el análisis del texto, “Responsabilidad moral y libertad política”, correspondiente al capítulo 11 de la obra, “La filosofía como una disciplina humanística” de Williams; en este capítulo, Williams analiza la responsabilidad personal en la que el agente es causa del resultado, en el aspecto moral; el autor hace referencia al aspecto de la voluntariedad, en tal sentido, siguiendo el autor, el aspecto moral ha de tenerse presente al momento de realizar la evaluación de la conducta, en materia de responsabilidad legal penal; agregando Williams, que la responsabilidad implica causa, intensión, estado y respuesta.
Williams busca legitimar el realismo en la teoría política, que critica el moralismo, específicamente cuando se pretende como justificación universal y abstracta del liberalismo.
Es importante, en materia penal, saber en qué estado se encontraba el sujeto activo de la acción penal, dado que si se encontraba bajo un estado alterado de conciencia, sonambulismo o con un trastorno mental permanente o transitorio, el sujeto activo de la acción penal, se ubica bajo una eximente de responsabilidad penal, lo cual deberá certificarse por un psiquiatra forense delegado por el estado, otorgándosele una medida de seguridad, no una pena; el cuestionamiento ético al respecto, es que nuestros psiquiatras forenses difícilmente aceptan el estado alterado de conciencia en la comisión del ilícito, desatendiendo el historial psiquiátrico que reposa en el sumario, por lo cual, los que en tal estado han actuado, generalmente son penalizados e ingresados a un centro penitenciario regular sin ningún control de su patología, poniendo en riesgo su integridad y la de la comunidad del centro penitenciario, ¿cuántos de los delitos juzgados por el narcotráfico fueron cometidos por personas con perfiles psiquiátricos y terminaron en prisión, agravando la situación penitenciaria del país.
La responsabilidad moral, no solo como lo plantea Williams, se presenta en materia penal, igualmente en materia civil y en los procesos de responsabilidad civil extracontractual, donde se debe indemnizar a la víctima por el daño emergente y el lucro cesante, independientemente que haya mediado culpa, dolo o preterintención en el acto dañoso. En materia penal, igualmente en la condena por perjuicios morales y materiales, se sentencia a pagar grandes sumas de dinero, que en el caso de los jóvenes condenados por el delito de narcotráfico, solo pagarán la pena principal de prisión, porque la mayoría son jóvenes pobres que a la fuerza o por necesidad fueron incorporándose a los carteles de la droga, o en la modalidad actual del microtrafico.
Williams en su obra, no hace un desarrollo sobre la justicia restaurativa, que al respecto expone Márquez (2007) “es una nueva manera de considerar a la justicia penal, la cual se concentra en reparar el daño causado a las personas y a las relaciones, más que en castigar a los delincuentes. Este nuevo enfoque en el proceso de atención para las personas afectadas por un delito y la obtención de control personal asociado, parece tener un gran potencial para optimizar la cohesión social en nuestras sociedades cada vez más indiferentes con las víctimas”. (Márquez, 2007, pág. 1).
Esta modalidad de justicia es la que sirve según la Comisión para la paz, para superarse de la anomia, de esos tiempos anormales que generaron hasta la fecha, más de 10 millones de víctimas; podría afirmarse sin lugar a equívocos, que en cada cuadra de los barrios de Medellín, especialmente en la comuna 4, territorio del presente proyecto de investigación, existen dos víctimas en cada cuadra, producto del narcotráfico, grupos subversivos, violencia estatal y delincuencia común.
Igualmente en la obra de Williams, no se encuentra un aporte acerca de la justicia transicional tan importante en el posconflicto para construir tejido social, construcción de Estado y reforma institucional; en palabras de Van Zyl (2005), “Los conflictos tienen efectos devastadores sobre las instituciones estatales y por ello es necesario un cuidadoso proceso de reconstrucción y reforma, una vez que han cesado las hostilidades. Las comisiones de la verdad y los programas de depuración pueden hacer una contribución importante a la construcción del Estado y la reforma institucional mediante la recomendación de las siguientes medidas: Identificación de las instituciones que deben ser reformadas o eliminadas…presentación de propuestas para asegurar que se reformen el mandato, capacitación, dotación de personal y las operaciones de las instituciones…remover a los responsables de corrupción o de violaciones de los derechos humanos de las instituciones estatales…” (Van Zyl 2005, pág. 57).
“Williams, se interroga sobre el carácter retributivo del castigo, y en tal sentido afirma, “Aquellos que piensan que el castigo tiene mucho que ver con la retribución deberían, en consecuencia, preguntarse si cualquier cosa que se le haga a un ofensor bajo las condiciones modernas puede ser realmente un castigo”. (Williams, 2011, pág. 125).
Queda un vacío en la exposición de Williams acerca del uso de la legítima defensa (sus excesos), el estado de ira e intenso dolor, como atenuantes del delito, y el estado de necesidad como eximente del mismo.
Cuestionar la normalidad del actor del punible o hecho dañoso, como lo hace Williams, significa adentrarnos en un terreno sinuoso, en el que violentologos y tratadistas del tema, afirman que los años de violencia de las décadas de los 80 y 90 a causa del narcotráfico, fueron totalmente anormales; Aristizábal, (2018), docente comunicadora de la Universidad Pontificia Bolivariana, en su reciente obra, “Ética antioqueña y narcotráfico”, está de acuerdo en que la época de la violencia del narcotráfico de los años antes citados, estaba por fuera de la normalidad, a consecuencia del terrorismo que azotaba la ciudad, trayendo a colación un dato que grafica lo vivido, en un solo día, según su investigación archivística, explotaron 225 bombas y se desactivaron 10 toneladas de dinamita. Aristizábal, (2018)
Apartándonos por un momento de la obra de Williams, se encuentra, como Nagel plantea en su obra “Poverty and Food: Why Charity is Not Enough”, correspondiente a la reseña 3, argumentos que explican desde el racionalismo, el por qué la desigualdad radical entre los ricos del mundo y las multitudes hambrientas son injustas, agregando:
“En cierto sentido, por tanto, los aspectos éticos de este tema pueden ser discutidos solo como parte del problema general de la desigualdad económica”. (Nagel, 2008, pág.49).
Para el autor, el solo hecho de la desigualdad radical mundial, es una señal de la injusticia; dado que los sistemas políticos y económicos permiten la desigualdad radical, son moralmente objetables. (pág. 48).
Nagel considera que son problemas de desigualdades en la riqueza, más que de alimentos, los que afectan los sistemas políticos actuales, la implicación ética en el problema del narcotráfico en el resquebrajamiento de los valores familiares de la Comuna 4 de la ciudad de Medellín, es la desigualdad de recursos con los que cuentan y han contado, desde el pasado sus habitantes; constituyéndose, como se anotara antes, en caldo de cultivo del narcotráfico; esta realidad marginal de cara yuxtapuesta a otros estratos socioeconómicos privilegiados, habitando holgada y suntuariamente, alejados de la periferia de la ciudad, donde sobreviven los más desfavorecidos, mucho ocupando lo que fue una montaña de basura, siendo el caso de los barrios Moravia y el barrio el Oasis, situación que por sí misma, grafica la desigualdad imperante en la ciudad, realidad que desde ningún punto de vista se puede negar e invisibilizar. En palabras de Nagel, son comunidades a las que no se les ha provisto de un mínimo global, que es debido a cada ser humano como una cuestión de asistencia humana en general, incluidos los derechos humanos básicos.
El problema para resolver la pobreza dice Nagel, no se debe limitar a la caridad, en el caso del narcotráfico, coordenada objeto de análisis, no hubo caridad ni asistencia humanitaria por parte de los grandes empresarios ni familias acaudaladas con los desprotegidos pobladores de la comuna nororiental en los años de recrudecimiento de la violencia del narcotráfico ni la hay actualmente; en Medellín ha imperado un egoísmo, cada comuna organiza su vida independientemente, y no han sentido ningún deber ético ni moral para pensar en el Otro más desprotegido; los mismos lenguajes de violencia que se vivieron y aun persisten en los territorios, crearon lenguajes del silencio, de la sospecha, del miedo, de la invisibilización, desesperanza y estigmatización.
Cuando a un barrio de la ciudad de Medellín llegan pobladores más desfavorecidos, sus habituales pobladores abandonan sus residencias, como ha venido ocurriendo con el barrio Prado, Bostón y el mismo centro de la ciudad; en los mismos barrios han rechazado los reinsertados del conflicto armado en los procesos de postconflicto y construcción de paz.
Nagel observa que el problema de la desigualdad y sus consecuencias, no lo resuelve la caridad, siendo así, se han acudido a los arreglo políticos, los cuales en el caso de la Comuna 4, aunque son paliativos que mitigan en algo la desigualdad, el hambre y la pobreza, pero ellos persisten a instancia de las gabelas enunciadas a continuación: energía y gas subsidiado, subsidio de transporte, tarifas diferenciales y progresivas para impuesto predial, subsidio de vivienda, Sisbén, subsidios para internet, diversión gratuita con el INDER, parques recreativos y culturales; subsidio familiar, educación primaria y secundaria gratuita, carreras técnicas y tecnologías gratuitas, créditos condenables para carreras universitarias (la mayoría desierta por falta de recursos el primer año), benéficos éstos, consagrados para los estratos 1 y 2, correspondientes mayoritariamente, a los pobladores de la comuna objeto de investigación. (pág. 53).
Aunque estas ayudas son un alivio para la comunidad; por desconocimiento, muchos no se usufructúan de los mismos; por regla general sus pobladores apenas subsisten con ellos, en nada mejoran su estratificación y promoción social, su esperanza de vida y valores; la canasta familiar no es subsidiada – situación que utilizan los combos para monopolizar las tiendas de barrio y con él, los productos básicos de la canasta familiar-, los estudiantes, con énfasis en la básica primaria, reciben alimentos por parte del programa Maná para poder garantizar su rendimiento y continuidad en el sistema educativo.
Estas desigualdades económicas han generado desnutrición y como dice el Nagel, en la salud y esperanza de vida de sus pobladores, teniendo presente que no es el hambre la que mata, sino la desnutrición que genera; en el caso de Comuna Nororiental de la capital antioqueña, la situación se agrava por las guerras barriales, la desnutrición y el hambre ocasionada por la desigualdad, sumado a ello, el narcotráfico; situación que finalmente, desencadenaría un estado de orfandad, al encontrarse las familias y comunidad, atrincheradas en las redes de las violencias en sus territorios, laderas inestables geológicamente o a orillas del río Medellín, siendo uno de los más contaminados del país.
Dejando a Nagel unos instantes, y pasando al capítulo 12 “¿Por qué actuar moralmente?” del texto “Ética práctica” de Peter Singer, correspondiente a la reseña 3, encontramos que Singer, como se anotara en la introducción del presente ensayo, frente a la pregunta con la cual inicia su capítulo, considera que dicha pregunta no es un interrogante dentro de la ética sino un interrogante sobre la ética, recalcando que los principios esenciales de una persona son los principio éticos; haciendo ver que una vez que una persona toma una decisión ética, no se puede plantear otra pregunta práctica, de lo cual deduce el autor, que no se puede encontrar sentido a la pregunta “¿Por qué actuar moralmente?”
“Una vez que hayamos deducido que una acción es moralmente obligatoria ya no hay otra cuestión moral que interrogar”. (Singer, 1993, pág. 398).
Más adelante agrega que no existe relación entre la razón y la ética, especificando que defender la moralidad apelando a los propios intereses es no lograr entender el significado de la ética. Nunca podemos hacer que la gente actúe de forma moral ofreciendo razones de interés propio (pág. 403).
Precisamente lo expuesto por Singer, fue lo que hizo el gobierno en la época de los años 80 y 90, cuando el narcotráfico se apoderaba de la comuna nororiental de Medellín, anidando en la comuna 4, en las épocas que lo antecedieron y precedieron; los mandatarios del momento, antepusieron su moral, desembocando tal conducta en una reacción xenofóbica y estigmatizaste hacia los pobladores del sector, agravando el problema de pobreza, orfandad estatal y social que vivía el sector; fue así que muchas empresas negaron empleo a sus pobladores; algunos miembros de la comunidad local, les consideraron los culpables o chivos expiatorios de la violencia que vivió Medellín; sus jóvenes fueron víctimas de masacres y atentados de actores armados que aun reclaman justicia.
Acaso eso que se llamó contracultura del narcotráfico, no fue el reforzamiento de la cultura de los que estaban abajo inviabilizados, esa Medellín de los años 80 y 90, como lo afirma Singer, y como lo recalca el investigador Jeremy McDermott, fundador de InSight Crime, dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe, el crimen organizado, en especiales Telemedellín en el “Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas”, el pasado 9 de abril del presente año, afirmando que “Pablo Escobar y su negocio dejaron una cultura reforzada de la plata fácil. Las raíces con las comunidades con más necesidad combinadas con la narcocultura hacen que funcione ese negocio ilegal", añadiendo más adelante, dejó aflorara la avaricia y la insaciable necesidad de riqueza, de hacer negocios a nivel nacional e internacional, vocación del hombre paisa. Lo que hizo Pablo Escobar (“El Patrón”) fue convertir el narcotráfico en industria; creo mercados en Córdoba, Chocó, el eje Cafetero, transportó a nivel internacional la droga, situación ésta, que afianzó la costumbre de antaño de la plata fácil y rápida; cada generación se construyó con ese legado, que luego retomó don Berna (“La Oficina”) y siempre habrá quien siga el negoció, porque se internacionalizó (López, 2020).
Los jóvenes de las comunas vivieron el presente, en el caso del sicario, como lo plantea Singer, sin trazarse ningún patrón ético, marcados por una vida de decepción, lo cual se reflejó en sus rostros, vestuario, lenguaje, en su cultura de no futuro; en ellos no había espacio para la culpa, se rezaban las balas para que “la vuelta estuviera bien hecha” en igual sentido, el lenguaje del aquí y del ahora, sobrevivir, el lenguaje de la guerra cuando se es carne de cañón, sin infancia ni futuro, como lo plantea Singer, marchaban por la vida con una falta de significado, pobreza emocional, haciendo caso omiso a toda clase de principios, sin preocuparles el éxito, la familia, el amor, su propia existencia, ni la de los demás, sin proyecto de vida; su profesión era la carta de presentación, la muerte. Una generación perdida la consideraron los militares que se adentraron en su esencia; generación ciertamente ajustado al perfil psicótico planteado por Singer, psicosis o paranoia, que se extendió a una comunidad acorralada por el miedo, la cual no tuvo tiempo de repensarse, menos de hacer memoria de lo que le estaba sucedido. La ética de estos jóvenes fracasó por una vida sin sentido dirían algunos, otros darían, crearon como sus comunidades donde habitaron antes de ser asesinados, sus propios códigos y principios morales de supervivencia. (Singer, 1993, pág. 412).
Para ir cerrando este ensayo, es necesario repensar el castigo que como lo afirma Nozick, nunca se llega hasta donde sé debe llegar, reconsiderar los conceptos responsabilidad moral, que en palabras de William, ayuda a imputar culpas y a encontrar el modo de responder a las ofensas al momento de imponer el castigo, todo ello para evitar la impunidad, como un asunto de honestidad política. (pág. 126).
Observando detenidamente los cuestionamientos de los autores propuestos, la forma en que el narcotráfico podría irse paulatinamente interviniendo en América Latina y Colombia, sería tomar acciones tendientes a la formulación de acuerdos de ayuda internacional incondicional, conformación de un frente común bajo el eslogan “Todo contra la injusticia y la desigualdad radical”; dado que hay capacidad de producción para alimentar a todos, y que mejor ejemplo que esta cuarentena, en la que se ha masificado la parálisis del aparato productivo por el COVID-19, constituyéndose las donaciones públicas y privadas, en un producto agregado de sumo valor para los sectores marginados sobrellevar la emergencia mundial sanitaria; igual ayuda en suministros médicos, han hecho los países ricos a los más pobres, ejemplo de la reciprocidad y apoyo entre los pueblos.
Resulta viable desde todo punto de vista, reivindicar la propuesta de Nagel, sobre la rectificación y confrontación del problema de la desigualdad, conclusión a la que han llegado muchas investigaciones a nivel nacional e internacional, caldo de cultivo del narcotráfico y de cualquier delincuencia que atente contra la institucionalidad y sus pobladores.
Nagel, lanza la propuesta de estados más igualitarios, ordenados, en el que nadie engañe o coaccione; trabajar contra las diferencias morales arbitrarias cometidas contra el derecho a la propiedad, procurar modelos de bienestar social retributivo (caridad forzada, aunque no está muy de acuerdo con la misma); aboga por un intento de construir en condiciones de intercambio, acumulación y posesión que salvaguarden frente a la injusticia, intercambios de acumulación sin dañar drásticamente la productividad; una justicia distributiva en la cual los monopolios bajarían los impuestos y aranceles de la deuda externa o la congelarían, en el mejor de los casos, como ocurrió con la crisis de la economía Argentina del 2008 y 2009 con el “Corralito”. (pág. 55).
Estas medidas de apoyo internacional dependerán de la voluntad de los países ricos para mejorar la condición económica del resto del mundo, los países nórdicos han demostrado que se puede llegar a tener calidad de vida en un modelo capitalista, sin desigualdades; la educación de calidad es una invitación para lograrlo, son retos que no se pueden desatender.
Elevar el poder adquisitivo de los pobres, ello se puede lograr coordinadamente, con transparencia, examinar las leyes de la oferta y la demanda, que los programas humanitarios no estén politizados, sino en virtud de poder atender las necesidades humanas universales; evitando dejarse llevar por la “ética del bote salvavidas”, que en última instancia hace que los países ricos se adelanten a futuro y denieguen toda ayuda. Nagel propone además, mejorar el sector agrícola que es la fuente directa de alimentos, apuntarle a la infraestructura y superestructura que garantizan el desarrollo e independencia económica. (pág. 58).
Siempre es posible hacer un mejor país, educar en la historia vivida para no repetirla, nadie ama lo que no conoce, la historia del país no se puede conocer a través de novelas y películas, de allí quizás, proviene la frase de los jóvenes “empelicularse”, aludiendo a su propia realidad.
Según Singer los seres humanos sobreviven y se reproducen, mediante acciones intencionales, es así que una de las maneras de ayudar a las nuevas generaciones, es hacer una lectura atenta sobre sus intereses, de tal manera, que sea desde ellos mismos, que se parta para construir el nuevo modelo educativo, se trata de recuperar lo que se perdió en las décadas anteriores, una educación que apunte no sólo a la felicidad, sino hacia algo más, porque siempre habrá un vacío; buscando fines más amplios, ir más allá del “egoísmo prudente”, en palabras de Singer. (pág. 415 - 416).
En consecuencia con lo anterior, formar nuevas generaciones éticas, implica enseñarles a ir más allá de su punto de vista personal como espectadores imparciales, trascender los intereses personales, identificándose con un punto de vista más objetivo, más universal, ocupándose de su propia existencia y la de los Otros, con una racionalidad basada en una autoconciencia y reflexión sobre la naturaleza y significado de su existencia, esto garantiza que no se pierda el sentido por la vida, con lo que va finalizando Singer su texto, sin antes anotar, que la conducta éticamente indefinible ni es siempre irracional, por lo cual es muy probable que siempre se necesite que la presión social y que las sanciones legales ofrezcan razones adicionales contra las graves violaciones a las normas éticas; para esto se exige tener un espíritu reflexivo, que permita entenderlo y racionalizarlo, de allí la importancia de la familia y la escuela para emprender una labor mancomunada y coordinada en tal sentido. (pág. 418).
Si desde la temprana edad, los sicarios de las época antes relacionada y los menores infractores de dichas décadas, y las actuales, hubiesen recibido sanciones legales y presión social de la que se ha venido hablando, según los autores reseñados, probablemente, no hubiesen tocado fondo; ciertamente con cada conducta dolosa y dañina, estaban reclamando un castigo que finalmente sabían que recibiría, pagándolo con su propia muerte, por lo que siempre estuvieron cerca de ella, como efectivamente han concluido investigaciones criminales de infancia y adolescencia, veamos algunas de ellas antes de finalizar:
Morales, y Villanueva, (2005) en su investigación, “Anotaciones sobre la delincuencia juvenil, estudio sobre el menor homicida en la ciudad de Barranquilla, encontraron que el razonamiento moral en adolescentes homicidas presentaba “un nivel de desarrollo moral preconvencional, donde el valor moral reside en acontecimientos externos cuasi físicos, en los malos actos o necesidades físicas más que en las personas, por lo tanto los conceptos de conciencia, moralidad, castigo, ley, autoridad y contrato, señalados por los sujetos de la presente investigación son exclusivamente regulados desde el exterior sin que a nivel interno exista la posibilidad de regular las acciones negativas dirigidas hacia los demás; esto explicaría la forma como se lleva a cabo la acción homicida.” (Morales y Villanueva, 2005, pág. 58).
En el mismo sentido se expresa Gerez, 2008, en su texto, “Culpa, responsabilidad y castigo en el discurso jurídico y psicoanalítico”, acudiendo a las fallas de la ley, y a quienes imponen las sanciones al menor infractor, “…por el incumplimiento de la Ley, por aquellos que las crean o tienen la tarea de representarla (familia), los adolescentes se encuentran extraviados, además, de puntualizar cómo este Sistema tapona la posibilidad de que los sujetos adolescentes hablen de sus actos, lo que se traduce en la culpa muda que entrega al sujeto a la compulsión, a la repetición, y a evadir la responsabilidad subjetiva… El incumplimiento de la Ley por aquellos que la encarnan –por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema– crea una “ley vaciada”, una ley que no tiene garantía de sostener el lazo social, en efecto, se genera un “no se puede” que pierde su eficacia simbólica, transformando a algunos sujetos en unos autómatas que ya no hablan, sino que actúan (Gerez, 2008).
Necesitamos según Jesús Abad Colorado, en su alocución en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con la Víctimas, construir un proyecto de vida, de respeto por lo humano, un norte de valores y principios; cuestionarnos sobre la guerra, lo que nos ha sucedido y viene sucediendo; cuando justificamos un homicidio, otorgamos licencia para que se sigan sucediendo; es un llamado a que todos tomemos una postura comprometida y responsable frente a la defensa de derechos humanos, en la defensa de las comunidades y de las tiernas generaciones, que son las más vulnerables. (López, 2020).
Todo proyecto social de carácter éticomoral debe enfocarse a recuperar los principios, valores, la ética, la moral y dignidad de las nuevas generaciones, evitando que la violencia se vuelva a repetir, como salvaguarda a los tentáculos de las drogas que asechan a los entornos familiares y comunitarios. Un proyecto ético moral que no apunte a este norte puede considerarse perdido.
Bibliografía
Aristizábal, A. C. (2018). Medellín a oscuras. Ética antioqueña y narcotráfico. Ed. Universidad Pontificia Bolivariana.
Arrieta, C. et al. (1991). Narcotráfico en Colombia dimensiones políticas, económicas, jurídicas e internacionales. Bogotá. Uniandes.
Ayala, F. (1988). La droga, entre la moral y el derecho. El país.
Gabantxo, K. (2001). Antecedentes históricos, situación actual y tendencias de consumo, pág. 158.
Gerez, M. (2008) Culpa, responsabilidad y castigo en el discurso jurídico y psicoanalítico [Vol. 2]. Buenos Aires, Argentina: Letra Viva.
López, M. R. (productor). (2020). ‘Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas. Medellín: Telemedellín. #UnDiaEnLaMemoria @Telemedellin.
Márquez, A. E. (2007). La justicia restaurativa versus la justicia retributiva en el contexto del sistema procesal de tendencia acusatoria. Universidad Nueva Granada. Pág. 1.
Morales, E. del C. y Villanueva, I. (2005). Anotaciones sobre la delincuencia juvenil Estudio sobre el menor homicida en la ciudad de Barranquilla. Revista justicia Universidad Simón Bolívar, No. 10, 2005, pág. Pág. 58.
Nagel, T. (2008). Poverty and Food: Why Charity Is Not Enough. En T. Pogge & D. Moellendorf (Eds.), Global Justice: Seminal Essays (pp. 49-59). St. Paul: Paragon House.
Nozick, R. (2007). La naturaleza de la racionalidad. Paidós.
Singer, P. (1993). Practical Ethics. Cambridge University Press.
https://www.animanaturalis.org/n/por-que-actuar-moralmente (papel).
Sotillo, J. A. (1997). La lucha contra el narcotráfico en Colombia: la cooperación de la Unión Europea entre 1980 y 1995. Universidad Complutense de Madrid Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (Estudios Internacionales). Pág. 147, 471.
Van Zyl, P. (2005). “Promoting Transitional Justice in Post-Conflict Societies”. Security Governance in Post-Conflict Peacebuilding, Alan Bryden y Heiner Hänggi (eds.), DCAF, Ginebra, pág. 57.
Williams, B. (2007). Realism and Moralism in Political Theory. In G. Hawthorn (ed.), In the Beginning Was the Deed: Realism and Moralism in Political Theory, (pp. 1-17). Princeton University Press. Retrieved from: https://assets.press.princeton.edu/chapters/s8021.pdf
Williams, B. (2011). La filosofía como una disciplina humanística, Capitulo XI. Responsabilidad moral y libertad política. Fondo de cultura económica. Pág. 121 -126.